Policía Local elabora un estudio sobre los delitos contra la propiedad intelectual y sus consecuencias

Entre las conclusiones que arroja destacan las lagunas que existen en la legislación actual y los beneficios económicos que obtienen los autores de estos delitos, que de media superan los 2.000 euros mensuales.

En Fuengirola se han intervenido desde 2005 más de 180.000 artículos "piratas" y se ha detenido a 657 personas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuengirola ha acogido esta mañana una reunión de la Junta Local de Seguridad. La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, ha presidido el encuentro en el que también han estado presentes el concejal de Seguridad, Rodrigo Romero, el Intendente Jefe de Policía Local, Joaquín Rueda, el Jefe del Área de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, Manuel Pineda, y el Teniente de la Guardia Civil, José Borrero.

El orden del día ha estado compuesto por un único punto: análisis de la problemática que en nuestra ciudad plantean las infracciones penales con la propiedad industrial e intelectual. "Se trata de un tema que preocupa al Equipo de Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la proliferación de estos delitos y a la dificultad que existe para luchar contra ellos", ha señalado Romero.

De este modo, Policía Local ha presentado un resumen de las actuaciones llevadas a cabo en dicha materia desde 2005 hasta junio de 2010, periodo en el que se han intervenido en Fuengirola más de 180.000 artículos "piratas" y se ha detenido a 657 personas.

De dicho informe se desprenden una serie de conclusiones, entre las que destaca la falta de eficacia en esta materia de la legislación vigente, que no sirve para atajar el problema. Además, ante la falta de espacio en los juzgados las dependencias policiales se están viendo seriamente afectadas por la acumulación de materiales intervenidos, ya que se exige la custodia de los mismos.

Del estudio realizado por Policía Local se extrae también un perfil de los autores de este tipo de infracciones, que siempre suele ser el mismo: persona de origen subsahariano, normalmente en situación irregular y que vive exclusivamente de esta actividad ilícita. Habitualmente residen en pisos de los denominados "pateras" y con los beneficios económicos que obtienen mantienen a sus familias en sus países de origen. Las transferencias económicas que realizan vienen a significar una media de 2.000 euros mensuales, "lo que supone una cifra superior a lo que ingresan muchos comerciantes que pagan impuestos para realizar su actividad", ha señalado Romero.

También se ha podido detectar que, en la actualidad, estos delincuentes están perfectamente organizados y coordinados. "Además, las redes aprovechan esta organización y estructura para otras actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes", señaló Romero.

Por otra parte, en el resumen de actuaciones efectuadas en esta materia por Policía Local también se observa que los infractores, cuando acaban de llegar, acatan disciplinadamente las órdenes de la policía y eluden el enfrentamiento. Sin embargo, cuando transcurre algún tiempo y conocen las escasas consecuencias de su actividad ilegal, su actitud cambia, dejan de acatar las órdenes de la policía y llegan a enfrentarse a ellos para evitar el decomiso del material falsificado.

Cuando llegan a producirse estos enfrentamientos, se da la circunstancia de que es el delincuente quien recibe el apoyo social, hasta el extremo que los ciudadanos que transitan por la zona llegan a insultar a la policía y tratan de evitar la detención de los delincuentes. "En este sentido, la sensación que perciben los funcionarios de Policía Local es que se encuentran solos en esta lucha callejera, ya que la sociedad no sólo no recrimina dicha conducta delictiva sino que llega incluso a colaborar con ella".

Por todos los motivos anteriores, el concejal de Seguridad Ciudadana Rodrigo Romero ha solicitado "que se endurezca la normativa en esta materia y que exista una mayor colaboración de las autoridades judiciales, pero sobre todo de los ciudadanos, que deben comprender que comprando estos artículos están colaborando con estas redes mafiosas".

Además, ha indicado que este estudio se remitirá a las instancias superiores para que valoren la situación y adopten las medidas que consideren oportunas.

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