El Ayuntamiento denuncia nuevos recortes sociales por parte de la Junta de Andalucía

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola, Francisco José Martín, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha denunciado la escasez de recursos con los que cuentan los ayuntamientos para hacer frente a los Servicios Sociales Comunitarios, cuando éstos son competencia de la Junta de Andalucía.
En este sentido, el edil no sólo ha puesto sobre la mesa la falta de financiación adecuada, sino que ha criticado que se siguen produciendo recortes económicos por parte la administración de cara al próximo año.

Martín ha indicado que la primera partida en verse afectada ha sido la destinada a la atención de la población inmigrante de la ciudad, ya que la cantidad destinada se reduce hasta ser casi un 65% menos de lo que cuesta este servicio, pese a no ser competencia del Ayuntamiento.

"Mientras que la población se encuentra cada vez con más dificultades para salir adelante y demanda más ayudas, la administración superior recorta las partidas destinadas a los Servicios Sociales en lugar de aumentarlas", ha indicado. En este sentido, hay que destacar que ya en 2009, el Ayuntamiento de Fuengirola destinó a los Servicios Sociales 791.000 euros, más del doble que los 357.000 recibidos por parte del Gobierno andaluz.

"Vemos que se siguen produciendo recortes sociales en el peor momento posible, cuando muchas familias se encuentran con todos sus miembros en paro y ya hay más de un millón de personas en Andalucía sin trabajo. Por ello, queremos que no se vean mermadas las partidas destinadas a servicios sociales, sino aumentadas", ha declarado.

Con respecto al caso del servicio de inmigración, la reducción de la ayuda acarreará la pérdida de un puesto de trabajo. Y es que, la demanda de ayudas y servicios sociales sigue aumentando, mientras que los recursos que destina la administración regional no sólo no lo hace, sino que disminuyen.

Cabe recordar que, según la FEMP, los ayuntamientos destinan más del 30% de sus recursos económicos a prestar servicios que son competencias de administraciones superiores, lo que lastra sobremanera las ya mermadas arcas municipales.

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