El Ayuntamiento muestra su rechazo a la congelación de las pensiones en 2011, que afectará a 14.000 mayores fuengiroleños

El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del PP y el PA y la abstención del PSOE, instar al Gobierno de la Nación a que no congele las pensiones en 2011. Dicha congelación, impuesta por el Estado, pretende ahorrar a costa de los pensionistas 1.400 millones de euros en el Régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. La medida afectará en la ciudad a 14.000 fuengiroleños, según ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Francisco José Martín.

En su intervención, Martín ha señalado que el Gobierno de España ha vetado "de forma ilegal e inconstitucional" la tramitación de una proposición de Ley para evitar la congelación de las pensiones contributivas en 2011 y ha asegurado que la congelación decretada por el Estado "va a erosionar gravemente el poder adquisitivo de 5 millones de pensionistas que, en virtud de una decisión unilateral del Gobierno, se ven privados de su derecho a la revalorización de las pensiones de consolidación y racionalización del sistema de seguridad social", basada, a su vez, en el Pacto de Toledo y en el Acuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos de 9 de octubre de 1996.

"La congelación resulta por completo injustificada, ya que el Gobierno viene insistiendo en el superávit de la Seguridad Social", ha criticado Martín, quien ha explicado que en 2008, según el propio Gobierno, se registró un superávit de 8.500 millones de euros y en 2009, otro superávit de 8.000 millones de euros, cantidades ciertamente superiores a los 1.400 millones de euros que el Gobierno quiere recortar en perjuicio de los pensionistas.

A ello hay que añadir que el Fondo de Reserva de las pensiones está dotado con más de 60.000 millones de euros. Es importante recordar que dicho Fondo se estableció en 1997 para hacer frente a situaciones de dificultad económica y crisis, tal y como ahora está sucediendo.

Así pues, la congelación decretada por el Gobierno "carece de justificación económica y legal". En consecuencia, ha solicitado a la Administración Central que rectifique y que se suprima esta medida.

Para concluir, Martín ha explicado que la Administración Central "no solo recorta derechos sociales de los sectores más débiles y desfavorecidos por los efectos de la crisis económica, como son los desempleados, las madres y los pensionistas. Además ataca a los Ayuntamientos haciéndoles pasar por culpables de un endeudamiento del que solo son responsables en un 6%, mientras que corresponde un 15.5% a las CC.AA y el propio Estado acapara el 78.5% restante. Es también el mismo Gobierno que no duda en negar derechos políticos a la Oposición, evitando que pueda defender su alternativa ante los ciudadanos".

Por todo ello, se ha propuesto al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a:

1. Levantar el veto a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Popular, recogiendo la voluntad expresada reiteradamente por el Congreso de los

Diputados de que no se congelen las pensiones en 2011.

2. Respetar el derecho de los pensionistas a la revalorización de las pensiones

establecido por Ley 24/1997, de consolidación y racionalización de la Seguridad

Social, manteniendo así su poder adquisitivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes.

La Corporación Municipal acuerda destinar el ahorro conseguido con la reducción del salario de los trabajadores municipales para el saneamiento del remanente de tesorería negativo

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fuengirola ha acordado hoy en pleno por unanimidad destinar el ahorro conseguido por la reducción del salario de los trabajadores municipales, impuesta por el Gobierno Central, a sanear el remanente de tesorería negativo. La entrada en vigor con fecha 25 de mayo de 2010 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se disminuye en torno al 5 por ciento el sueldo de los empleados del Consistorio generará un ahorro de 1.001.567 euros.

La regidora municipal, Esperanza Oña, ha explicado que como consecuencia de este Real Decreto Ley el pleno debe votar el destino que se tiene que dar, obligatoriamente, a este dinero conseguido por el recorte salarial de los trabajadores del Ayuntamiento "impuesto por el señor Zapatero para reducir el déficit que su Gobierno ha generado". "No estamos de acuerdo con esta medida y nos parece sectaria, clasista e injusta".

En este sentido, Oña ha criticado que "este Gobierno de España es el gobierno que más recortes sociales ha producido en la historia de la democracia española. Éste es un recorte más en todo nuestro país".

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