El Ayuntamiento de Fuengirola pide al Gobierno que no retire las ayudas a la compra y construcción de VPO

El Ayuntamiento de Fuengirola ha exigido al Gobierno de la Nación que no retire las ayudas a la compra y construcción de viviendas de protección oficial (VPO). La propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular en pleno contó con el respaldo del PA y el voto en contra del PSOE local, "que prefieren defender sus siglas antes que los intereses de los fuengiroleños", apostilló la alcaldesa, Esperanza Oña.

En la exposición de moción la edil de Urbanismo, Ana Mula, manifestó que de un día para otro, el Gobierno de España ha infligido un "brutal" recorte a la política social de vivienda con el anuncio de la eliminación de la ayuda directa a la entrada (A.E.D.E) para la compra de vivienda de protección oficial (VPO), de la rebaja en torno al 40% de las subvenciones para la promoción de vivienda de protección oficial nueva en alquiler, de la supresión de las subvenciones a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo para la construcción de VPO, de la eliminación del presupuesto estatal adicional para las comunidades autónomas que superasen sus objetivos de promoción de vivienda protegida, y con la eliminación de las subvenciones estatales para las ventanillas destinadas a facilitar información relativa a las ayudas destinadas a estas viviendas sociales.

Mula aseguró que "el Partido Popular defiende tanto la necesidad del mantenimiento de la política social de vivienda, ante el brutal ataque a la misma que supone el decretazo que ha anunciado el gobierno del señor Zapatero, como la necesidad de seguir impulsando la VPO para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada con hechos, con recursos económicos y no sólo con palabras dispuestas en normativas que no lo garantizan por sí mismas".

En este sentido, según apuntó la edil de Urbanismo, el Estatuto de Autonomía en su artículo 25 responsabiliza a los poderes públicos de la "promoción pública de la vivienda", dando con ello satisfacción a la demanda de ciudadanos que necesiten de apoyo para acceder a una vivienda.

Así, todos estos recortes apuntan en la dirección contraria de los objetivos marcados en el Plan Concertado Andaluz de la Vivienda (2008-2012) y de la recién aprobada Ley 1/2008, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, "lo que va a certificar el fracaso de la política de vivienda de la Junta que estableció las garantías de este derecho a través de los ayuntamientos", aseveró la edil.

Por tanto, según informó Mula, la Junta de Andalucía ha delegado en los entes locales las competencias para garantizar este derecho, pero sin transferir los recursos económicos para ello, y "ahora el Gobierno de la Nación anuncia recortes que harán inviable el que muchos andaluces puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. Una vez más, los ayuntamientos quedan ante los ciudadanos con las obligaciones legales, pero sin los recursos económicos que les permitan promover el acceso a la vivienda", criticó.

Para concluir, la edil de Urbanismo aseguró que estas medidas, propuestas por el Gobierno de Zapatero, para reducir el déficit público tendrán "especial incidencia" tal y como han manifestado grandes conocedores en la materia. Para ello destacó que la CEOE asevera que "los recortes que el Gobierno prevé aplicar en las políticas de vivienda incrementarán el paro y aumentarán el déficit. Por cada vivienda que se deje de construir se pierden 2,4 empleos"; en su caso la FAM ha pedido que el recorte en vivienda de protección oficial no afecte a obras en marcha; o CC.OO que ha solicitado a la Junta que rechace estos recortes".

La moción recoge cuatro los siguientes puntos:

1. rechazar la supresión y recorte que ha anunciado recientemente la ministra de Vivienda en la conferencia sectorial del 27 de julio.

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a exigir al Gobierno de la nación que dé marcha atrás en su plan de suprimir y recortar las ayudas y subvenciones a las VPO.

3. Trasladar también a la Junta la necesidad de impulsar las acciones legales y jurisdiccionales oportunas en el caso de incumplimiento por parte del Gobierno de la nación del convenio de colaboración para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda entre el Ministerio y la Junta.

4. Reclamar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que transfiera la financiación necesaria para la programación y ejecución de los planes municipales de vivienda, así como para el funcionamiento de los Registros Municipales de Vivienda y la necesaria tramitación de las calificaciones de viviendas protegidas.

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