El Ayuntamiento insta a la Junta a que paralice el despido de los orientadores de empleo, que en Fuengirola afecta a 8 trabajadoras

Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado en Pleno una moción del grupo municipal popular en la que se insta a la Junta de Andalucía a paralizar de manera inmediata el despido de las 2.800 personas que componen los colectivos de los promotores de empleo, agentes locales de promoción y empleo (ALPE) y orientadores laborales, muchos de los cuales se quedarán sin empleo el 30 de junio y el resto en el mes de septiembre, según ha anunciado el Gobierno andaluz. La moción ha salido adelante con los votos del PP y la abstención de PSOE e IU.

La edil de Empleo y del OAL, Carmen Díaz, ha señalado que en Fuengirola la política de recortes del Gobierno andaluz dejará en la calle a ocho personas: cinco orientadoras de empleo del programa Andalucía Orienta, que terminan el contrato el 30 de junio, y tres trabajadoras de los ALPE, que si no lo remedian perderán su puesto de trabajo en septiembre y que se dedicaban a asesorar a los ciudadanos en materia de autoempleo.

Díaz ha rechazado los argumentos ofrecidos por la Junta en los que culpa de esta situación al Gobierno de España, cuando la realidad es que la Comunidad Autónoma es quien tiene las competencias en materia de empleo y quien decide a qué dedica las transferencias económicas que recibe del Estado para este cometido. Así, ha recordado que el Gobierno central destinó en 2011 a Andalucía 693 millones de euros para políticas activas de empleo, que sumados a los 368 millones presupuestados por la Junta, conformaban un presupuesto total de 1.061 millones. Sin embargo, "la Junta de Andalucía finalmente no sólo no destinó ni un euro de recursos propios a políticas de empleo, sino que dejó sin gastar o gastó en otros conceptos distintos más de 235 millones de la cantidad transferida por el Estado".

En este sentido, la edil ha recordado que la Junta debe dinero de políticas activas de empleo a municipios y empresas en muchos casos desde 2009, y que en la actualidad tiene paralizados 40 talleres de empleo, 27 escuelas taller y 2 casas de oficio en la provincia que deberían haberse iniciado en enero y que fueron concedidos en 2011, "por lo que el despido de los orientadores y formadores en Andalucía nada tiene que ver con recortes del Gobierno central, sino con las políticas aplicadas por la Junta de Andalucía". Como reflejo de las deudas que mantiene el Gobierno andaluz con cargo a las políticas activas de empleo, Díaz ha recordado que al Ayuntamiento debe 1 millón de euros y que la Junta adeuda cantidades similares a la mayoría de municipios de la provincia.

La moción explica que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han decidido mantener estos programas, aportando recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los ALPE. Al respecto, Díaz ha recordado que la Junta dice no tener dinero para los orientadores laborales, pero sí para aumentar el capítulo de gastos de personal de Empleo en 54,2 millones y el de formación y reciclaje en casi 40 millones, al integrar la Junta al personal procedente de la extinta FAFFE, recordando que se trata de personal ¿contratado a dedo y que no ha tenido que superar ninguna prueba de selección¿.

Además, la edil ha propuesto a la Junta que haga recortes en el número de altos cargos, coches oficiales, teléfonos móviles o que elimine Canal 2 Andalucía.

Por todo lo señalado, se insta también a la Junta de Andalucía a que continúe impulsando los programas de políticas activas de empleo, garantizando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos, en beneficio de los desempleados andaluces.