Un centenar de jóvenes fuengiroleños han condonado ya sus multas con trabajos en beneficio de la comunidad

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En julio de 2010 entró en vigor la ordenanza que permite a aquellos jóvenes que no sean reincidentes en el último año realizar labores en beneficio de la ciudad en lugar de afrontar una sanción económica derivada de una infracción.

Las sanciones que se pueden acoger a la norma son derivadas de la Ordenanza de Limpieza, la Ley Antibotellón o de Circulación, siempre que no sean muy graves.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar de los resultados de la ordenanza reguladora para la sustitución de sanciones económicas por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que entró en vigor en julio de 2010.

Romero ha señalado que, en este período, 77 jóvenes han podido hacer frente a las sanciones económicas, originadas por infracciones en materia de limpieza, botellón o tráfico y que oscilaban entre los 90 y 300 euros, a través de trabajos en beneficio de la ciudad. Hasta la fecha, 21 peticiones han sido inadmitidas por no cumplir los requisitos y 5 desestimadas al no presentarse los solicitantes. De la cifra total, solo en 2012 se acogieron a este sistema 22 fuengiroleños menores de 29 años.

El edil ha explicado que las personas adscritas a esta medida han realizado trabajos fundamentalmente en las áreas de Limpieza y Zonas Verdes, al ser los departamentos que están en funcionamiento prácticamente 24 horas al día y los siete días de la semana. De esta forma, se pueden adaptar con una mayor flexibilidad los horarios de los solicitantes a los de los servicios a realizar.

Esta iniciativa del equipo de gobierno tiene como finalidad la reeducación y está dirigida a jóvenes de 14 a 29 años, que por lo general tienen una peor situación laboral o económica para afrontar el pago de una multa. "Este sistema puesto en marcha hace ya más de dos años partió con el objetivo de facilitar a los jóvenes, al ser uno de los sectores más golpeados por la crisis y que soporta una tasa de paro del 50 por ciento, una fórmula alternativa para poder saldar la deuda que hayan podido contraer al haber infringido una norma municipal", ha indicado.

La medida tiene un doble beneficio: por un lado, hacer responsable a los jóvenes de aquellas infracciones que cometen, ya que el trabajo realizado para satisfacer la multa es más efectivo como disuasorio y ejemplarizante que el abono de forma económica; por otro lado, ayudar a aquellas personas y familias que, en esta época de crisis, no pueden afrontar a una sanción económica.

Algunos ejemplos de las sanciones contempladas y su coste son: no llevar casco (150 euros), dejar el coche en doble fila (90 euros) o realizar botellones en lugares no autorizados (60 euros).

En este sentido, la ordenanza considera que "trabajo en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, que sirva de reparación a la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo".

Del mismo modo, la jornada de trabajo tiene una duración no inferior a cuatro horas diarias ni superior a seis, con un mínimo de una jornada y un máximo de cinco.

Además, la norma también establece que se prestará una jornada de trabajo por cada 30 euros de sanción, con el límite anteriormente mencionado.

Cabe señalar que para poder acogerse a esta opción, dichas personas deberán dirigirse al departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Fuengirola en un plazo máximo de 10 días hábiles o antes de la notificación. Allí deberán presentar el D.N.I., dejar un teléfono de contacto y, si es menor de edad, la correspondiente autorización paterna.

De forma posterior, dicho departamento estudiará la idoneidad de la solicitud y si es aceptable, el solicitante deberá pagar la tasa establecida en 15 euros. Una vez realizados estos trámites, la persona en cuestión tendrá que pasar a recoger la información para conocer cómo va a realizar dichos trabajos. En todo caso, la resolución se dictará en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Para acogerse a esta nueva disposición, los solicitantes no podrán haber sido sancionados en los doce meses anteriores a la fecha de la denuncia, entre otras condiciones.

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